Este informe recupera los hallazgos de una investigación exploratoria que tuvo como objetivo indagar sobre la idoneidad de los criterios y los procesos de evaluación de riesgos que emplean los actores del sistema de justicia penal para debatir e imponer medidas cautelares a personas acusadas de delitos federales en México. El estudio pone especial atención en el uso excesivo de la prisión preventiva y en cómo esta práctica afecta de manera desproporcionada a personas pertenecientes a grupos vulnerables.

A partir del análisis de fuentes documentales, entrevistas con integrantes de la Defensoría Pública Federal, organizaciones de la sociedad civil y personas juzgadoras federales y la revisión de una muestra de evaluaciones de riesgo, identifica deficiencias metodológicas, sesgos y vacíos normativos que favorecen el uso excesivo de la prisión preventiva, incluso cuando existen alternativas legales menos restrictivas.

Entre los hallazgos clave destacan:

• Evaluaciones de riesgo insuficientes y poco individualizadas, con alta influencia de criterios subjetivos.
• Aplicación inercial de la prisión preventiva, especialmente contra grupos históricamente discriminados
• Limitaciones estructurales y normativas que dificultan el uso de medidas cautelares menos gravosas

El informe plantea recomendaciones para fortalecer la objetividad y calidad de las evaluaciones, garantizar un control judicial efectivo, adoptar metodologías basadas en evidencia y asegurar que las medidas cautelares sean proporcionales y conformes con los estándares internacionales.

Lee el informe aquí: